Prensa Libre

POR SANDRA VALDEZ

Rudy Esquivel, vocero del SP, reconoció ese problema, así como el hecho de que los registros de trabajo, estudio y conducta de los reclusos solo se llevan en cada cárcel, lo cual se presta a corrupción, ya que algunos presidiarios pagan para que les cambien los informes.

Cuando se producen motines en las cárceles, los internos arremeten contra el área administrativa, y uno de los sectores más afectados es donde se encuentran los libros de registro de conducta, trabajo y estudio, los cuales han sido destruidos.

El problema surge cuando los juzgados de Ejecución solicitan al SP un informe sobre los reos que piden redención de pena, la cual se determina de acuerdo con ese récord.

Los dos juzgados de Ejecución que dictaminan la redención de penas solicitan cada mes un promedio de 300 informes. Según estadísticas, en marzo recién pasado el Juzgado Primero de ese ramo pidió 150 expedientes, y el Segundo, 187.

Les echan corrector

Patricia de Chea, quien fue directora del SP del 2004 al 2005, refirió que cuando ocupó ese cargo se percató de que a muchos informes enviados de los presidios les habían aplicado corrector, ya que los reos pagaban para que les cambiaran datos.

Agregó que por eso optó por llevar doble control, y cada informe para los juzgados se confrontaba con el del reclusorio y con el de las oficinas centrales del SP.

Sin embargo, esa verificación fue anulada por orden de Carlos Vielmann cuando era ministro de Gobernación.

Luis Ramírez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, expuso que la razón para no implementar nuevos procesos es la falta de recursos; sin embargo, en muchas ocasiones sí los hay, pero no se utilizan.

Esquivel dijo que debido a estos problemas, el SP empezó un proceso de digitalización de los libros, para evitar su deterioro o pérdida.