Prensa Libre

POR GEOVANNI CONTRERAS CORZANTES

¿Cuál es su análisis del diálogo actual?

Un sistema de diálogo obligatoriamente conlleva la decisión de las dos partes de escucharse a sí mismas. Si uno se va a sentar a una mesa de diálogo y lleva preestablecida en su cabeza la disposición de no escuchar al otro, anticipadamente es un fracaso.

Cuando empezábamos a trabajar el diálogo en Guatemala, a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, hubo alguien que nos dijo: Tienen que estar seguros de que la parte fundamental del diálogo es que cuando uno se sienta en la mesa tiene que estar dispuesto a ceder en algo, y esa es la falla que veo ahora.

Si esto continúa así, no se va a llegar a nada y se va a desgastar el mecanismo.

¿Eso sucede ahora?

Poco a poco la gente ya no está creyendo en los diálogos, porque desafortunadamente si el Gobierno o los empresarios llegan con su propio punto de vista y se niegan en que hay que ceder en algo, anticipadamente está previsto el fracaso de esta experiencia.

¿Hay tiempo para llegar a acuerdos?

En los próximos seis meses, que es el lapso que le queda al actual gobierno para esperar alguna probabilidad de entendimiento con los sectores sociales estratégicos, previo al evento electoral. Si no se aprovechan los próximos seis meses, entramos en lo electoral, y el recurso del diálogo es prácticamente nulo.

Uno de los argumentos del empresariado es la falta de transparencia en el Ejecutivo. ¿Cómo debe responder el Gobierno?

El eje de la gobernabilidad es la transparencia; es lo que permite una relación fluida entre la sociedad y el Estado. Es histórico el manejo inadecuado e ilegal de los fondos públicos.

Estoy seguro de que 40 por ciento del gasto público, no de la inversión, podría destinarse a otra cosa. Hay un gasto oneroso que no debería utilizarse, un excesivo gasto en seguridad personal de parte de funcionarios y no funcionarios, y en salarios tremendamente altos.

¿Y el papel de los empresarios?

Tampoco tengo que justificar que yo me ampare en la excusa de que no pago si se lo roban, si nunca he pagado.

En este caso hay tanta culpa de un lado como del otro. El entendimiento debería ir por la vía de la transparencia por el lado del Gobierno, pero también del lado de la sociedad.

En el lado del sector empresarial y sus argumentos históricos, siempre sale el tema del no a la reforma tributaria, cuando está más que probado que este país no sale adelante y no alcanza los niveles de desarrollo que necesita, si no existe una reforma fiscal, si no se pagan más impuestos.

¿Y el resto de la sociedad?

El reto de pertenecer a una sociedad va en función directa de conocer y a cumplir con el pacto, el cual está en la Constitución. Cada ciudadano tiene una obligación dentro del pacto. Es un error pensar que la Constitución solo obliga en sus artículos a un sector, y no a otro. La Constitución nos obliga a todos a cumplir, aunque no seamos el presidente.

Desde la firma de la paz, ¿cuán distinta es la Guatemala de hoy?

Uno de los temores que teníamos a finales de 1995 es que la paz fuera más violenta que la guerra, y se dio. Tengo que reconocer que posiblemente los problemas de hoy, los más agudos, no estaban presentes durante el momento de la negociación. El verdadero problema es que no nos preparamos para que la paz fuera menos violenta que la guerra.

Entonces caemos en una trampa mortal en la cual hoy la seguridad ya no es obligación del Estado, por incapacidad, por lo que la seguridad pasa a sectores privados, que es un aspecto absolutamente inconstitucional, porque el Gobierno tiene la responsabilidad de prestar la seguridad. La seguridad privada conlleva tráfico de armas, de municiones. Eso lo teníamos en la guerra, pero ahora es peor.

Podemos estar seguros de que ahora hay más violencia que en la época de la guerra, y más muertes.

¿Cuándo se salió de las manos la violencia?

Aquí hay una violencia del sistema; o sea, el sistema de por sí genera violencia, pues no es capaz de hacer cumplir el pacto social. Ahora tenemos violencia que nos viene de afuera, una violencia “importada” que nos fue llegando por cambios a nivel mundial. Por ejemplo, la violencia que generan los grupos de la narcoactividad, a lo cual se suman procesos de apropiación territorial para control de rutas de trasiego y almacenaje de droga, y para afincar sus centros de operaciones en Centroamérica y, principalmente, en Guatemala.

También está la violencia del sicariato. ¡Ahora matan por 300 pesos por comprar una dosis de droga!

¿Qué opciones tienen las autoridades?

Ninguna. En el corto plazo no hay opción. Pienso, como mínimo, en desarmar. Una política de desarme generalizada, porque no es cierto que tener un arma me hace más seguro. Tener un arma me pone a un pie de la cárcel. De lo poco que podría hacer el Estado es tratar de orientar el gasto y la inversión sociales en materia de desarrollo, focalizada hacia los sectores más vulnerables. Lo segundo, prioritario, la política de desarme.

¿Y qué le queda a la ciudadanía?

No hacer lo que está haciendo: que nos estemos armando, cerrando calles, contratando fuerzas de seguridad sin rostro.

Deberíamos pensar en que de los acuerdos de paz tenemos pistas enormes para avanzar. Estoy seguro de que si se cumple un acuerdo de paz, eso abonará muchísimo para que el ámbito de la violencia disminuya. El Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas y el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática serían suficientes.

No será en el corto plazo, porque hay sectores de la sociedad y del Estado que tienen que ser refundados, y eso no es fácil, porque para refundar algo tiene que nacer la generación que lo refunde y tiene que morir la generación que lo causó.

Sobre seguridad hay varias iniciativas de ley en el Congreso, pero no avanzan. ¿Es necesaria una depuración?

No soy amigo de los procesos de depuración, soy amigo de los de refundación. Y uno de refundación en el Organismo Legislativo debe ir en la línea de una profunda transformación del sistema político guatemalteco. Primero, elimino toda la lista nacional, genero un sistema que visualice solo circunscripciones locales y hago responsable a cada diputado a un electorado específico; es decir, circunscripciones uninominales.

Otra medida podría ir encaminada a dejar de hacer atractivo el cargo público. Mientras sean atractivos, porque me puedo hacer nuevo rico en cuatro años, la cosa no va a funcionar; los más pícaros son los que llegan, y no puede haber una buena producción legislativa si ese tipo de fauna y flora es la que llega al Congreso.

Todo eso suena a reforma constitucional.

Por supuesto. Suena a una nueva Constitución, a un nuevo pacto social. Hay muchos medios y caminos para ello. Históricamente, el camino para eso era un golpe de Estado, pero ahora eso está totalmente descartado. La Constitución actual prevé la posibilidad de una consulta popular para el cambio específico de ciertos artículos; entonces, podemos preguntar: ¿está de acuerdo con que cambiemos estos artículos?

En el tema político, ¿cómo analiza el papel de la esposa del presidente, Sandra Torres de Colom?

En el tema de la primera dama, lo que priva fundamentalmente es el temor a una eventual candidatura. Priva en tanto es débil el sistema político y la capacidad de respuesta e incidencia de la sociedad, porque todo gira en torno a lo electoral.

El guatemalteco tiene cultura de fin de semana. “Los problemas de jueves dejémoslos, tal vez el lunes ya no están”. Y esa cultura la aplicamos en los cuatro años de gobierno. “Este no está funcionando, ya van a haber elecciones y ponemos a otro”. Ese proceso genera angustia. “Ella puede ser. Tienen el gobierno, recursos, están haciendo clientelismo, están organizando gente, pueden ganar la Presidencia”.

Es temor. Es una percepción anticipada de lo que realmente expresan: “No quiero que lo que están haciendo se prolongue cuatro años”.

¿Qué dice la Ley?

En el principio de equidad ante la Ley, debemos respetar los espacios que esta faculta, y en estos no hay probabilidades de ejercer tanto mando y tanta influencia fuera de un cargo público.

El cargo de la primera dama no existe dentro de la Ley. Las primeras damas casi siempre han sido sombras de los presidentes. Es la primera vez que tenemos una primera dama activa, fuera de lo que son obras sociales; eso llama la atención. No digo que sea bueno o malo, lo está haciendo, y está conectado con los fines electorales.

¿Ella puede ser candidata, legalmente?

La Ley abre espacios. No lo he analizado a fondo, pero el único vínculo es el de parentesco, y en el parentesco podría ingresar la limitante de si puede entrar a posesión de la dignidad si el que le entrega la dignidad es su pariente, porque entonces sí contravendría la norma constitucional de no optar a la dignidad por tener parentesco en diferentes grados de afinidad o políticos.

Pero eso se puede superar, porque simplemente el mandatario se retira seis meses antes y el que entrega es el vicepresidente. O renuncia. Abierta está la posibilidad de hacerlo. O que se divorcien; hay varias posibilidades.