
Las denuncias contra presuntos exguerrilleros y otros señalados de cómplices o colaboradores no son sucesos aislados. Hay que agregar, al menos, otros cuatro hechos relevantes y concurrentes. Uno, el estrepitoso fracaso electoral -por segunda vez- de una persona considerada, hasta entonces, como referente externo y de atención de la prensa internacional: Rigoberta Menchú. Otro, el desastre electoral de las coaliciones y propuestas de izquierda que apenas consiguieron votos. El tercero, el triunfo contundente de un exmilitar
para ocupar la Presidencia de la República y que además cuenta con enormes expectativas ciudadanas sobre una gestión pública que se visualiza esperanzadora y, por último, la descomposición de la UNE y la espantada de sus cuadros más significativos. Por ello, desde hace unos meses la prensa internacional —y la ciudadanía del país— comenzó a buscar otros referentes de opinión como alternativa a los habituales que acostumbraban monopolizar ciertos medios.
Cuesta, sobre todo desde fuera, comprender lo que está ocurriendo y fácilmente se desorientan al comprobar que aquellos a quienes entrevistaban y emitían opiniones “cualificadas” sobre lo que ocurría en el país, tienen realmente muy poca representatividad y, por el contrario, a quienes acusaban, culpaban e intentaban procesar, resultan democráticamente elegidos como autoridades. Esa contradicción, entre una “verdad” fabricada y la realidad contrastada, requiere unos minutos de reflexión.
La historia del país —tradicionalmente secuestrada— comienza a reescribirse de forma diferente a la usual. Se evidencia que las cosas no fueron como algunos dijeron por años o, al menos, hay una versión sustancialmente diferente. Aparecen libros de historia y sociología que cuestionan el Informe de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi) y reducen sustancialmente cifras que figuran en aquel o presentan hechos que no se incluyeron.
Personajes conocidos y encumbrados son ahora cuestionados por su participación en uno de los bandos combatientes, por mentir o exagerar cuando escribieron o por difundir datos irreales o inventados sobre algunos aspectos del conflicto interno. Se demuestra —porque la democracia lo permite— que no son políticamente aceptados y aquella URNG —y sus socios— que dilató por 36 años el enfrentamiento, apenas consiguió votos para colocar a un diputado en el Congreso.
En resumen, se presenta una nueva y desconocida cara de aquella moneda que interesadamente se quiso mantener mostrando únicamente el escudo, obviando una sustancial parte de la misma. Ahora, la ciudadanía y los medios de comunicación extranjeros, se preguntan sobre lo que está pasando y les cuesta interpretar unos hechos que, por otra parte, se han convertido en el detonador de un necesario cambio. Los de siempre dicen que es preciso “recuperar la memoria histórica” y eso es exactamente lo que está ocurriendo, pero no están dispuestos a aceptarla tal cual se manifiesta y pretenden seguir a toda costa relatándola como acostumbraban a pregonar y no como realmente fue.
Esta catarsis ya se hizo en otros países de postconflicto, aunque aquí llega un tanto retrasada producto del freno de ciertas ONG y personajes —denunciados en el primer mensaje presidencial— que prefieren permanecer con privilegios de opinión y salarios de la ayuda internacional a enfrentar la verdad que dicen buscar. Son tiempos de cambio, de transparencia, de enfrentar las cosas como realmente sucedieron y de comprender que fue algo que afectó a todos. Esperemos que quienes acapararon y encadenaron la verdad por demasiado tiempo tengan ahora la capacidad crítica de aceptar una situación distinta y contribuyan a buscar esa fórmula reconciliadora tan necesaria en el país.
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