Prensa Libre

POR CAROLINA VáSQUEZ ARAYA

La ruina de los países tercermundistas es el cortoplacismo y la corrupción. La toma de decisiones a partir de la conveniencia personal, el cálculo de comisiones, el enriquecimiento propio de los funcionarios y las empresas involucradas, todos factores que llevan a una nación a agotar sus recursos de manera irracional, sin ninguna consideración de carácter social y mucho menos con una planificación de desarrollo de largo plazo. Es el aquí y el ahora, pero sobre todo es el “para mí”.

En un documento elaborado por el ex diputado Aníbal García, se detallan las regalías concedidas por el Estado a la industria minera de explotación. Allí se observa hasta qué punto las autoridades cedieron ante las presiones de las grandes compañías respaldadas por sus gobiernos, y finalmente lo entregaron todo a cambio de nada.

Hoy se habla de revisar contratos y aumentar regalías, pero nada de permitir la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, como si el país fuera tierra de nadie. Grave error, porque la prosperidad de una nación se basa en el compromiso de sus ciudadanos por contribuir al desarrollo desde todos los campos de actividad, tomando en cuenta de manera prioritaria el beneficio social. Ha sido el secreto de países como Islandia y Suiza, en donde la consulta popular es una norma inquebrantable de la política local.

La explotación minera es una vertiente atractiva de inversión extranjera. Pero resulta mucho más onerosa que rentable por los gravísimos daños que ocasiona al país en donde se realiza la explotación. No se trata solo de contaminación del ambiente, sino también de la degradación social provocada por las estrategias divisionistas de las compañías, al armar un escudo protector introduciendo elementos de discordia entre los pobladores afectados y verdaderos ejércitos independientes para alejar de sus instalaciones a los visitantes, aunque estos tengan investidura oficial.

Las operaciones de este tipo se convierten, de este modo, en territorios liberados. La soberanía se transfiere a una compañía extranjera que puede hacer lo que desee, exenta de la fiscalización de la población y protegida por el Estado, al cual entrega un tributo ridículo en comparación con las ganancias que obtiene del suelo nacional.

El tema es controversial como todo lo relacionado al dinero, pero es de una importancia vital para el futuro de Guatemala, un país cuya vocación productiva nada tiene que ver con las minas, pero mucho que ver con el cultivo de bosques, productos agrícolas y desarrollo turístico. Quizás sea hora de revisar contratos, pero más que nada, prioridades.