Prensa Libre

POR ALEJANDRO BALSELLS CONDE

Al sentar a un ex jefe de Estado en el banquillo de los acusados se exige al país llevar a cabo un proceso judicial de especial relevancia, porque hasta su abogado defensor declara que no se niegan los hechos, sino que lo que se rechaza es que el jefe de Estado haya estado enterado de las masacres y su crueldad.

El proceso no es de especial relevancia porque por fin se sienta al ex autoproclamado presidente como acusado en un proceso del orden penal, sino que es especial porque el delito que se imputa es el máximo que existe en el Derecho universal: el genocidio. El genocidio es un delito, y en consecuencia es sobre las normas que lo establecen que debe dirimirse el conflicto. Poco importa que nuestro actual presidente deslegitime la causa con declaraciones que pueden interpretarse como interferencia a la labor judicial, o bien, que ahora se victimice al victimario. El proceso debe terminar por sentencia.

Los jueces intentarán conocer las verdades de las partes por medio de las pruebas rendidas y estas, en congruencia con lo manifestado por el propio defensor, no niegan los horrores de los hechos, por lo que esperemos ver cómo se pretenderá desvirtuar la cadena de mando que el Ministerio Público explicó. La aplicación del Derecho muchas veces es paradójica, porque si la defensa probara que el general, como jefe de Estado y ministro de la Defensa, permaneció ajeno a operaciones institucionales planeadas desde el alto mando que pueden ser considerados como actos de genocidio, dejaría a nuestro Ejército en un predicado institucional muy precario.

El delito está en la ley, y sobre él se determinará la responsabilidad del procesado, lo que sí es cierto es que el general tiene mucha suerte. El monumento más grande a la impunidad en el país y la lesión más grave que se ha producido al sistema de justicia lo constituyen los Tribunales de Fuero Especial, instaurados y aplaudidos por el propio Ríos Montt. Estos tribunales condenaron a penas que no estaban establecidas en la ley al ocurrir el delito, pero lo más grave de todo, compuestos de jueces cobardemente secretos, hicieron nula la defensa de los imputados, que aunque quizás criminales, merecían, al igual que ahora el general, un juicio justo. Si de veras queremos justicia para el país, no puede el delito más grave de todos seguir archivado en el baúl de los expedientes dormidos, no nos queda más que fiscalizar como ciudadanos lo que ocurrirá y esperar que la verdad judicial explique la responsabilidad de los horrores denunciados.