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Opinión

En torno al juicio de Ríos Montt

El interés nacional e internacional sobre la aplicación de la ley en Guatemala se ha centrado en los últimos días en el comienzo del juicio a Efraín Ríos Montt, exjefe de estado de facto entre 1982 y 1983, ex diputado y expresidente del Congreso. Es una figura cuya participación en la política fue determinante en muchos factores históricos del país, un hecho aceptado tácitamente por quienes lo apoyan o están en su contra.

EDITORIAL

Hay juicios que sientan precedentes en la historia jurídica de los países, y este es uno de ellos. Rompe paradigmas, provoca reacciones encontradas de igual enjundia, como una reacción derivada de consideraciones históricas, políticas, ideológicas, de derechos humanos e incluso hasta religiosas, esto último a consecuencia de su papel como pastor. Es un caso en el que es imposible la indiferencia, incluso en un país como Guatemala, cuya mayoría poblacional, las personas de menos de 30 años, no había nacido o estaba en la infancia cuando ocurrió todo. Esto es fundamental para el difícil análisis sereno y equidistante.

Hay una serie de hechos innegables: desde la existencia de numerosas masacres de civiles desarmados, hasta la decisión del acusado de mantenerse en el país y presentarse al juzgado para encarar a la justicia. Es una acción política audaz, porque haber salido de las fronteras le hubiera significado la deportación. Tal factor político también lo manifestaron quienes llegaron con pancartas para exigir justicia.

A consecuencia de que una mayoría de guatemaltecos ya tiene una opinión, es casi imposible lograr tener la necesaria cordura y equidistancia. Se debe admitir que el veredicto será aplaudido por unos y reprochado por otros, pero que ambos necesitan aceptar que no les sea favorable a sus criterios y posiciones.

El juicio pasa por la necesaria y muy complicada definición de términos como genocidio, justicia, venganza, responsabilidad, culpabilidad, sobre todo para responder cuáles fueron los motivos para que esas acciones militares fueron planificadas y por qué no se ordenó que terminaran, ante su evidente inhumanidad, que marcó para siempre la vida de las víctimas sobrevivientes por ser familiares de quienes perecieron.

Es fundamental que el proceso jurídico sea realizado permitiéndole al sistema funcionar y que al mismo tiempo tenga toda la transparencia y sea conocido por dentro y fuera del país, donde habrá gente interesada en conocer las interioridades y exterioridades del juicio y de los antecedentes. Por aparte, se debe dar al factor tiempo la importancia debida, porque aunque a todos agradaría una decisión pronta, hacerlo a rajatablas no se justificaría y causaría consecuencias aun peores.

Esta vez, como se ha dicho en numerosas ocasiones, el juicio no solo es contra el acusado sino contra el mismo sistema jurídico. Los jueces necesitan conocimiento pero igualmente valentía y capacidad para resistir las presiones provenientes de cualquier lado. Es una batalla larga, con resultados tanto impredecibles como de consecuencias para la historia de Guatemala.


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