Guatemala, 20 de octubre de 2009
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) manifestó su interés por que este informe sirva de acompañamiento a los procesos que están en marcha en el país, y puede ser útil para reducir los índices de inseguridad, como el Acuerdo Nacional para la Seguridad y la Justicia. Por ello el documento se presentará de manera oficial en el Palacio Nacional de la Cultura a los firmantes de ese pacto.
Entre las propuestas del estudio se destaca la necesidad de la participación de la sociedad civil. Además, se necesita el compromiso de todos los componentes del Estado, un trato local de la inseguridad, procesamiento de información y recopilación estadística y una visión a largo plazo, independiente de los cambios de Gobierno.
También se requiere la prevención de delitos específicos, alternativas a la cárcel, reforma policial y refuerzo del sistema de justicia penal, además de la atención a las víctimas.
Otras medidas necesarias son el combate del narcotráfico, las estrategias para atajar las pandillas, la lucha contra la corrupción y el tratamiento específico de la delincuencia “silenciada”, como la violencia contra las mujeres.
La tasa de homicidios en Guatemala aumenta sin cesar, año tras año.
• Es el único país de la región centroamericana que refleja crecimiento sostenido de homicidios desde el 2000.
• La tasa aumentó 20 puntos: de 28 homicidios por cien mil habitantes en el 2000 a 48 en el 2008.
• Honduras y El Salvador tienen tasas más altas —58 y 52, respectivamente—.
• Sin embargo, han reducido la incidencia respecto de años anteriores.
Por cristina bonillo
13:23 | 19/10/2009
La inseguridad ciudadana y la violencia en Guatemala se vinculan con el narcotráfico, el crimen organizado y la falta de oportunidades y de escolaridad, además de un factor que en ocasiones se olvida: Guatemala acapara más de un millón de armas de los dos millones 800 mil que circulan en Centroamérica, según el Informe de Desarrollo Humano para la región del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El último estudio, centrado en la seguridad ciudadana, recopila y analiza los indicadores disponibles en los siete países de la región: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. La primera conclusión es que existe una división profunda entre el Triángulo Norte —formado por Guatemala, Honduras y El Salvador— y el Triángulo Sur —que integran Costa Rica, Panamá y Nicaragua—.
Datos como la proliferación de armas ayudan a dilucidar algunas de las causas de las altas tasas de homicidio que registran los tres países del Triángulo Norte. Guatemala, según los cálculos, posee un millón 35 mil 514 armas de fuego, y el 82 por ciento de los homicidios en el país se cometen con ese tipo de arma.
Se establece que 800 mil de esas armas son ilegales, y de forma legal solo se vendieron en el 2008 más de 55 millones en Guatemala.
Señala el Informe que “no es coincidencia que Guatemala, Honduras y El Salvador tengan el mayor número de armas y también el mayor número de homicidios”.
Según Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala, “el cien por cien de los delitos de alto impacto en el país se cometen con arma de fuego”. Explica que la inseguridad está relacionada directamente con la presencia de armas, como demuestra la observación del territorio guatemalteco: “En las zonas de más pobreza, donde no hay posibilidad de acceso a armas, hay menos violencia”. Con esta aseveración, Asturias echa por tierra el mito de que la pobreza es generadora de violencia.
La solución radica, según el experto, en “una política de desarme inmediata y más voluntad política, porque la Ley de Armas está aprobada, pero no se implementa”, manifestó.
La situación de la región centroamericana en cuanto a seguridad presenta graves deficiencias respecto de otros puntos del planeta. El PNUD asegura que entre el 2003 y el 2008 fueron asesinados más de 79 mil centroamericanos, y la situación empeora respecto de otras regiones también consideradas violentas como Brasil, México y Colombia, donde la tasa de homicidios está bajando año tras año.
Para la elaboración del informe se efectuó una encuesta de percepción en los siete países involucrados, la cual refleja que Guatemala es donde más gente percibe la inseguridad como el mayor problema: el 66 por ciento de entrevistados, frente al 51 por ciento de hondureños o el 59 por ciento de costarricenses.
En Guatemala, el 35 por ciento de los encuestados afirmó sentir inseguridad, y el 76 por ciento que percibe la criminalidad como una amenaza muy grave para el país.
Por otra parte, esta percepción puede motivar a que el 39 por ciento de interrogados apoyara medidas al margen de la ley para capturar a delincuentes, aunque esta aprobación es mayor aún en países como Nicaragua —51 por ciento—, Honduras —49 por ciento— o El Salvador —44 por ciento—.
En cuanto a la victimización, el país presenta con diferencia las tasas más altas en lo que se refiere a delitos contra el patrimonio. El 11.4 por ciento de los encuestados dijo haber sido víctima de robo a mano armada en el último año, frente a 10.6 por ciento de El Salvador.
El 28.6 por ciento aseguró haber sufrido el robo de su vehículo o motocicleta. El país que sigue es Panamá, con 5.6 por ciento de respuestas positivas. También el 37.2 por ciento afirmó haber sido víctima de robo de partes de su automotor, frente a 17 por ciento de salvadoreños, que le siguen a Guatemala en la lista.
Otro problema que debe enfrentar Centroamérica es la corrupción, ya que disminuye el ritmo de crecimiento, afecta la distribución de bienes y servicios y lesiona la confianza en las instituciones y la democracia.
Guatemala es el país cuya población tiene más desconfianza hacia los funcionarios públicos: el 56 por ciento de encuestados afirmó que la corrupción en los servidores estatales está muy generalizada, seguido de Nicaragua, donde 47 por ciento de entrevistados se quejó de lo mismo.
El nivel de desconfianza hacia los políticos también es alto: en Guatemala, 26 por ciento cree que hay mucha corrupción de parte de ese sector.
Sin embargo, no son los políticos y funcionarios los peor parados. La imagen de la Policía en el país es peor: el 53 por ciento piensa que está involucrada en la delincuencia, el porcentaje más alto de la región. Además, 11 por ciento de entrevistados aseguró que un policía le había solicitado mordida en el último año.
Uno de los yugos de la región centroamericana es la incursión del crimen organizado y la narcoactividad, así como el auge de las maras, calcula el PNUD. Se logra identificar en el documento 23 modalidades de “mercados subterráneos” en los que opera el crimen organizado en Centroamérica; entre los más graves están tráfico de armas, trata de personas, robo de vehículos, tráfico de inmigrantes, de órganos, de drogas y lavado de dinero y activos. Estos negocios son los que operan en la zona con una complejidad, organización y gravedad que las Naciones Unidas califica de “alta”.
Se reconoce que el tráfico de drogas y los negocios de los carteles “se están moviendo hacia América Central, y en especial hacia Guatemala”, resalta el estudio.
El costo de la violencia no solo está en la percepción y la desconfianza ciudadana o en el debilitamiento institucional, sino también tiene un precio en dinero. Los Estados centroamericanos pagan con creces los niveles de violencia: en el 2006, el 7.7 por ciento del producto interno bruto regional —alrededor de US$6 mil 506 millones— se destinaron a pagar las consecuencias de ese flagelo. En Guatemala, el Estado destina entre el 8 y el 10 por ciento del presupuesto a la atención del delito y sus consecuencias.
Otros costos adicionales podrían visualizarse en las pérdidas de productividad a causa de la violencia: en Centroamérica rondan los US$1 mil 200 millones, y en Guatemala, los US$500 millones.
El estudio agrega que las empresas destinan una media de 3.7 por ciento de sus ventas a gastos de seguridad y a reposición de objetos robados, y 1.2 por ciento del PIB se dedica a pagar por las vidas truncadas y personas discapacitadas como consecuencia de la violencia.
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